En medio de apelaciones y discusiones técnicas, el nuevo gobierno de Javier Milei comenzó a transitar uno de los más emblemáticos frentes judiciales internacionales que tiene en curso: el juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF, la petrolera de bandera que Cristina Kirchner renacionalizó en 2012.

En esa causa, que lleva más de ocho años, la Argentina ya fue condenada por la jueza Loretta Preska a pagar unos USD 16.000 millones por haber realizado mal ese proceso de expropiación. La jueza, a cargo de un tribunal del sur de Manhattan que atiende los litigios de compañías que cotizan en Wall Street, donde YPF está listada hace 30 años, falló en septiembre pasado a favor del demandante, Burford Capitals. Se trata de un bufete inglés especializado en este tipo de litigios extensos, contra países y que suelen requerir muchos recursos e inversiones para llevarlos adelantes, que le compró los derechos de litigio a dos accionistas minoritarios de YPF.

Si bien Argentina fue a la Corte de Apelaciones de EEUU por el fallo condenatorio en primera instancia, la causa sigue su curso y Preska le exigió avales al país si quiere evitar que empiece a autorizar pedidos de embargos contra activos argentinos en el exterior. Esa fecha límite, ese “día D” para esquivar embargos, está fijada para el 10 de enero. Claro que contar con avales por semejante monto es casi imposible en esta Argentina, cruzada por una fuerte crisis económica y una falta extrema de dólares. Además, opinan expertos en este juicio, esos avales, de existir, tendría que ser aprobados por el Congreso, algo que parece bastante poco probable con esa composición de cámara y en medio de las discusiones por el DNU con el que Milei pretende desregular la economía y de la Ley Ómnibus.

La jueza de Nueva York Loretta PreskaLa jueza de Nueva York Loretta Preska

La última novedad en esta causa llegó ayer cuando los abogados del país –un equipo del estudio Sullivan & Cromwell que ahora deben reportarle en última instancia a Rodolfo Barra, el nuevo procurador del Tesoro– pidieron que no se reconociera el 10 de enero como fecha límite para presentar garantías. Mañana Preska deberá confirmar su orden sobre la fecha, o acceder al pedido argentino y postergar los pedidos de embargo hasta que “los demandantes hayan identificado activos para embargar”.

La presentación establece que “mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”. Según Reuters, Argentina calificó la intención declarada de Burford de iniciar incautaciones de activos desde el miércoles como “innecesaria y prematura”, dado que la sentencia tiene menos de cuatro meses y está siendo apelada. Y argumentó que muchos otros tribunales consideraron esperas razonables de 10 a 15 meses en casos comparables. También dijo que los principios de cortesía internacional y las “circunstancias extraordinarias y únicas” de su caso no justificaban el apuro. Argentina dijo que 16.100 millones de dólares representan el 32% de su presupuesto fiscal para 2023.

Luego de la presentación de hoy, Preska escuchará al querellante mañana y por la tarde tomará una decisión.

“Argentina intenta explicarle a la juez que su orden del año pasado está en contradicción con el Foreign Sovereign Immunities Act, el FSIA, una ley americana de 1973 que dice qué activos se puede embargar y cuáles no. Son embargables los activos que no son inmunes a protección diplomática: no una embajada, pero sí la Fragata Libertad o los bonos de la deuda emitidos bajo ley extranjera”, describió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y experto en el tema.

Rodolfo Barra, procurador del TesoroRodolfo Barra, procurador del Tesoro

“La sección C del artículo 1610 de la FSIA dice además que debe pasar un período razonable desde el fallo hasta que empiecen los embargos. Argentina argumenta que el fallo final-final no fue el 12 de septiembre, como dicen los demandantes, sino en noviembre, cuando Preska habló por primera vez de posibles embargos, como las acciones de YPF o Yacyretá. Hoy a la tarde, Preska va a decidir si mantiene la fecha de mañana. Otro argumento local es que los demandantes aún no identificaron activos para embargar. Habrá que ver qué dice Burford… quizás encontraron algo”, aseguró el abogado.

En los últimos días de 2023, Milei habló del caso. Aseguró que “hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”. Fue la primera vez que a lo largo de esta extensa demanda –que atravesó los gobiernos de Cristina Kichner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Milei– un presidente argentino habló de intenciones de pagar.

No sólo eso. El mandatario dijo que va a proponer un nuevo impuesto para pagar la deuda con Burford. Lo bautizó: “tasa Kicillof”, por el gobernador bonaerense que era viceministro de Economía en 2012 y fue uno de los impulsores de la expropiación.

“Que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo Milei con respecto a su propuesta, y habló del “error de un chico que, con su perspectiva ideológica, perjudicó a 46 millones de argentinos”. “Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados”, agregó el primer mandatario.

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