En un comunicado, la Unión Europea informó que «decidió excepcionalmente extender sus medidas restrictivas por solamente seis meses en vez de por un año, hasta el 14 de mayo de 2024».
La reducción en el plazo no contentó igualmente al gobierno venezolano, que consideró la iniciativa como una forma de inhabilitar a 54 funcionarios públicos a participar en los «procesos políticos» de Venezuela.
Delcy Rodríguez, vicepresidente de Venezuela, una de las sancionadas. Foto: Reuters.
Las medidas suponen, de manera personal, la prohibición a los afectados de viajar a cualquier país asociado al bloque comunitario y la congelación de sus activos en Europa. Además, incluyen un embargo de armas y equipos de represión.
Las sanciones fueron impuestas por primera vez en 2017, cuando el organismo consideró que en Venezuela existía un «deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos», por lo que el Consejo buscó aportar «estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades acuciantes de la población».
Igualmente, la UE recordó que está dispuesta a «dar pasos» y «considerar la flexibilización o la revocación» de estos mecanismos «en función de la evolución de la situación y de la aplicación de este acuerdo político».
La respuesta del gobierno
La resolución fue rechazada por el gobierno de Maduro. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano publicó que «rechaza la arrogante e ilícita decisión de la Unión Europea por medio de la cual prorroga hasta el 14 de mayo de 2024, las ilegales Medidas Coercitivas Unilaterales en contra del pueblo venezolano».
El gobierno de Venezuela, en contra de la medida de la UE. Foto: EFE
Por su parte, la Cancillería explicó que la Unión Europea «refleja una vez más la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas».
Asimismo, agregó que la decisión pretende «castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley». También destacó «la solidez» de su «democracia y sus instituciones», y advirtió que estas sanciones «afectan a la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados».