El 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica reúne en la provincia a autoridades nacionales, representantes de las provincias productoras, embajadores y referentes de la industria minera de Argentina y el mundo.
La Mesa del Litio busca pasar de la coordinación entre Jujuy, Salta y Catamarca a una agenda con resultados concretos para el desarrollo de la industria. Durante la apertura de la 15° edición de Litio en Sudamérica, en San Salvador de Jujuy, la secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio y diputada nacional, Fernanda Ávila, detalló las cinco líneas de trabajo que las provincias están desarrollando junto con organismos nacionales, internacionales, universidades, empresas y proveedores.
El objetivo, según explicó, es transformar el crecimiento que atraviesa el sector en mayor desarrollo para las comunidades y construir herramientas que permanezcan más allá de las gestiones de turno.
Ávila recordó que en 2021 los gobernadores de las tres provincias litíferas decidieron crear la Mesa del Litio, anticipándose a desafíos que excedían las fronteras de cada jurisdicción. Posteriormente, el espacio se institucionalizó como una región y comenzó a trabajar de manera coordinada. “Sabían que había desafíos que iban a trascender a una provincia, y con esa ambición estratégica crearon este espacio, la Mesa de Litio, que luego se convierte, además, en región”, señaló.
Proyectos, infraestructura y reglas comunes
El tercer eje es la creación de un pipeline de proyectos junto con el Banco Mundial. La herramienta permitirá identificar una cartera concreta y anticipar las necesidades que tendrá la expansión minera en materia de infraestructura.
La planificación contempla requerimientos de energía, agua, gas e infraestructura, con trabajo de campo realizado por especialistas del Banco Mundial en las tres provincias. “Nos va a permitir anticipar las necesidades de infraestructura, de energía, de agua, de gas”, explicó la secretaria ejecutiva.
El cuarto eje apunta directamente al marco institucional: gobernanza minera y armonización normativa. Para ello, la Mesa trabaja con el IGF, que analizará los marcos regulatorios de Jujuy, Salta y Catamarca.
El objetivo no es establecer una única normativa provincial, sino identificar diferencias, oportunidades de mejora y buenas prácticas que puedan ser compartidas entre las jurisdicciones.
La búsqueda apunta a generar mayor claridad tanto para las autoridades de aplicación como para las empresas, especialmente frente a una industria que necesita previsibilidad para desarrollar inversiones de largo plazo.
El quinto eje es el fortalecimiento institucional de la propia Mesa del Litio, trabajo que se lleva adelante junto con el CFI. La intención es que la estructura de coordinación pueda sostener la agenda más allá de los funcionarios que ocupen circunstancialmente los cargos.
Ávila destacó además el trabajo de los equipos provinciales y la participación de los organismos mineros estatales de las tres jurisdicciones, entre ellos JEMSE, REMSA y CAMYEN, en distintos aspectos de la agenda regional.
Medir resultados y no reuniones
Para Ávila, el principal desafío de la Mesa del Litio es demostrar que la coordinación entre provincias puede traducirse en resultados verificables.
La funcionaria recordó que en distintas oportunidades le preguntaron cómo explicar a la sociedad la utilidad de una nueva mesa de trabajo. Su respuesta fue que la legitimidad del espacio dependerá de sus resultados. “La confianza se construye con resultados”, afirmó.
Por eso, planteó que al finalizar la gestión de Jujuy al frente de la Mesa el balance no debería medirse por la cantidad de reuniones realizadas, sino por las herramientas que queden disponibles para la región. “Queremos medir el resultado de la Mesa de Litio no por la cantidad de encuentros que hicimos, sino por cuántas cosas nuevas y cuántas cosas mejores podemos dejar”, sostuvo.
La vara quedó planteada en cinco resultados: una hoja de ruta común, una cartera de proyectos para planificar infraestructura, herramientas concretas para los proveedores, mayores capacidades institucionales y una coordinación provincial que pueda sostenerse en el tiempo.
“Si dejamos una hoja de ruta común, una cartera de proyectos que nos permita planificar, herramientas concretas para nuestros proveedores, mayores capacidades institucionales en las provincias, mayor organización y coordinación entre los organismos provinciales, y una agenda común que pueda subsistir y pueda seguir funcionando, independientemente de quién ocupe circunstancialmente un cargo, me parece que ya podemos mostrar resultados”, concluyó Ávila.