El juez federal con competencia electoral, Esteban Hansen, intimó a la Junta Electoral del Partido Justicialista de Jujuy a entregar en un plazo improrrogable de 24 horas toda la documentación correspondiente a las presentaciones realizadas por la Lista N.º 2 “Celeste y Blanca”, que lleva como candidato a presidente a Rubén Rivarola. La medida responde a uno de los principales planteos de los apoderados de la lista y permite que la Justicia Federal revise los originales.
La interna del PJ jujeño sumó este miércoles una decisión judicial que representa un fuerte revés para la Junta Electoral partidaria y un avance para la Lista N.º 2. El Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo de Hansen, ordenó que la autoridad electoral del partido remita al tribunal las actuaciones vinculadas a las presentaciones efectuadas por la “Celeste y Blanca” los días 30 de julio y 11 de agosto.
La documentación deberá ser entregada tanto en soporte digital como en papel, en un plazo de apenas 24 horas. La decisión adquiere especial relevancia porque los apoderados de la Lista N.º 2 habían solicitado que el juez pudiera cotejar personalmente la documentación original, en el marco del recurso presentado contra la Resolución N.º 22.
De esta manera, la Justicia Federal tendrá acceso directo a los documentos que fueron analizados por la Junta Electoral y que forman parte de la controversia por la oficialización de las listas. Se trata de un paso significativo para la “Celeste y Blanca”, que viene denunciando falta de imparcialidad y un supuesto trato desigual por parte del órgano electoral partidario.
Uno de los principales cuestionamientos de la Lista N.º 2 es que la Junta Electoral habría aplicado una doble vara: mientras permitió correcciones a la Lista N.º 10 “Generación Valiente”, habría impedido o limitado la posibilidad de subsanar observaciones a la lista encabezada por Rivarola.
Ahora será Hansen quien tenga en sus manos los originales para analizar las supuestas irregularidades señaladas por la Junta Electoral y determinar si las observaciones realizadas se corresponden efectivamente con la documentación presentada.
La resolución también dispone la notificación formal al actual interventor del PJ en el distrito, Federico Prieto, y lleva la firma digital del juez Hansen y del secretario Electoral, Manuel G. Álvarez del Rivero.
El conflicto electoral se desarrolla en medio de fuertes denuncias cruzadas. La Lista N.º 2 cuestionó la conformación de la Lista N.º 10 y señaló presuntos incumplimientos de los requisitos establecidos por el reglamento electoral, entre ellos inconsistencias en la antigüedad exigida para determinadas candidaturas, falta de avales reglamentarios y errores de empadronamiento.
Los representantes de la “Celeste y Blanca” sostienen que esas observaciones podrían afectar la validez de determinados tramos de la nómina competidora y reclaman que se aplique el mismo criterio a todas las listas.
También denunciaron supuestas asimetrías en el acceso a la información electoral, incluyendo demoras en la entrega de los padrones definitivos y restricciones para acceder a actas administrativas de la Junta Electoral. Según sus apoderados, la Lista N.º 10 habría tenido acceso anticipado a determinadas bases de datos y cronogramas operativos, mientras que la Lista N.º 2 habría enfrentado plazos más acotados para presentar recursos, revisar planillas y fiscalizar la impresión de boletas.
A estos cuestionamientos se suma una denuncia por el supuesto uso desigual de recursos institucionales y de difusión. La Lista N.º 2 sostiene que la Lista N.º 10 habría contado con una visibilidad desproporcionada mediante infraestructura pública o institucional, lo que, según plantean, afectaría la neutralidad y la igualdad de oportunidades durante el proceso electoral.
La resolución de Hansen no define todavía la oficialización definitiva de las listas ni resuelve el fondo de las impugnaciones, pero sí establece un dato político y judicial relevante: por primera vez, la documentación presentada por la Lista N.º 2 será examinada directamente por la Justicia Federal.
Con su decisión, el juez Hansen da curso a uno de los reclamos centrales de la “Celeste y Blanca” y coloca bajo control judicial las actuaciones de la Junta Electoral que están en el centro de la disputa.