Los exámenes toxicológicos se realizarían de manera anual y, en determinados casos, de forma aleatoria. Alcanza a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado.
El proyecto que propone la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para autoridades y funcionarios de Jujuy, impulsado por el diputado Martín Fellner, tomó estado parlamentario hoy en la segunda sesión ordinaria de la Legislatura provincial.
El proyecto de Ley que fue girado a las comisiones de Salud y de Legislación General, propone implementar en la provincia de Jujuy un régimen de detección de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en el ámbito público. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la legisladora Daniela Vélez y aguarda por ser debatida en las próximas semanas en las reuniones de comisión.
El proyecto establece la realización de exámenes toxicológicos de manera anual y, en determinados casos, aleatoria para distintos funcionarios de los tres poderes del Estado. Además de autoridades jerárquicas de entes y empresas con participación estatal mayoritaria.
Según explicó Fellner, la iniciativa apunta a fortalecer la transparencia institucional y la calidad de la gestión pública. “Resulta imprescindible garantizar la buena gestión en la prestación del servicio público, prevenir riesgos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”, sostuvo el legislador.
En esa línea, aclaró que la propuesta no tiene un enfoque punitivo, sino preventivo y sanitario. “Esto no es punitivo ni mediático; no busca perseguir a nadie. Es una política sanitaria y preventiva que cuida a la ciudadanía y a los equipos del Estado”, afirmó.
La iniciativa contempla que los exámenes se realicen bajo estrictos estándares técnicos, garantizando la cadena de custodia de las muestras, la confidencialidad de los datos personales y un enfoque sanitario que priorice la evaluación y el tratamiento en caso de detectarse consumos problemáticos, antes que la aplicación de sanciones.
El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en comisiones dentro de la Legislatura provincial, donde se analizarán sus alcances y posibles modificaciones antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.