La medida impulsada por la gestión de Javier Milei elimina el «Premio Estímulo a la Asistencia», lo que representa una caída directa en los ingresos.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva modificación en la estructura salarial del sector público que genera una fuerte tensión con los gremios. Se trata de la eliminación del plus por presentismo, un componente que funcionaba como un ingreso estable para miles de trabajadores estatales.
La decisión se enmarca en la política de reordenamiento del Estado y recorte del gasto público que lleva adelante el presidente Javier Milei. Desde el Ejecutivo sostienen que buscan simplificar la liquidación de haberes y eliminar beneficios que consideran «distorsivos».
Quiénes son los trabajadores afectados
La medida alcanza de forma directa a los empleados que se desempeñan en ministerios, organismos descentralizados y dependencias de la administración central. Particularmente, impacta en quienes están bajo la órbita del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Este plus estaba vinculado al cumplimiento de la asistencia perfecta. Al eliminarse, los trabajadores pierden un incentivo que, según el escalafón y la categoría, podía representar una suma de hasta 150 mil pesos dentro del sueldo total.
Impacto en el poder adquisitivo
La quita del ítem genera preocupación debido a la inflación persistente y a paritarias que no logran recomponer el salario. Para muchos agentes públicos, este monto ya no era visto como un «premio», sino como parte esencial de su presupuesto mensual.
Los sectores con salarios más bajos dentro del SINEP son los más perjudicados, ya que el plus representaba un porcentaje mayor de sus ingresos totales. En las categorías superiores, aunque el peso relativo es menor, la medida es vista como una señal de posibles nuevos recortes.
Dudas sobre el control de asistencia
Más allá de lo económico, la eliminación del presentismo abre interrogantes sobre cómo se controlará el ausentismo de ahora en adelante. El plus funcionaba como una herramienta de seguimiento laboral que el Ejecutivo aún no ha detallado cómo reemplazará.
Los gremios advierten que esta decisión profundiza el conflicto con el Estado nacional, en un contexto donde se busca reducir al máximo las erogaciones de la administración pública.