La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) concretó ayer una jornada provincial de protesta en distintos puntos de Jujuy con una concentración central en la peatonal Belgrano, donde expuso ante la comunidad la profunda crisis de recursos humanos profesionales que atraviesa la provincia.
Durante la manifestación, el representante del gremio Nicolás Fernández, señaló que «el diagnóstico es contundente y preocupante porque tenemos menos profesionales de los que teníamos hace diez años. Perdimos 800 cargos en una provincia que ya cuenta con 800 mil habitantes, y a esto se suma un salario que está por debajo de la línea de pobreza».
El sindicalista advirtió que «el salario inicial de un trabajador profesional está a 200.000 pesos por debajo de la línea de pobreza, es decir, no cubre las necesidades básicas. Esto condena al profesional al pluriempleo y nos impide dedicarnos de lleno a nuestra tarea en el Estado. Además, repercute directamente en la calidad de vida y en la atención a la población, sobre todo en el área de salud, donde la sobrecarga laboral es extrema».
También criticó la falta de diálogo por parte del Ejecutivo provincial. «Nos preocupa que haya un gobernador que no atienda los reclamos ni responda por cortesía o por educación a los ocho pedidos de audiencia que presentamos desde que asumió en diciembre de 2023. Escuchamos al gobernador pedir diálogo al presidente Milei, pero él mismo no dialoga ni se ocupa de resolver los problemas locales», sostuvo.
En ese sentido, Fernández expresó que «quizás el contexto electoral los tenga ocupados a todos, pero veremos si pasado el domingo nos responden uno de los ocho pedidos de audiencia, aunque sea por educación».
Respecto del reciente anuncio del Gobierno sobre una «rejerarquización de empleados estatales», desde el gremio lo calificaron como una medida electoralista, al considerar su proximidad con las elecciones y la falta de claridad en su implementación.
«Hay que recordar que nuestra ley de carrera establece que los trabajadores profesionales debemos ser recategorizados automáticamente cada cinco años de permanencia en la misma categoría. Sin embargo, esta ley no se cumple, y la última recategorización fue en 2019. Ya pasaron seis años», remarcó el secretario general.
Luego advirtió sobre el decreto 3.902, que según el referente genera «dudas e incertidumbre por su redacción confusa y la falta de diálogo con los trabajadores», lo que podría derivar en «injusticias» dentro de la administración pública.
«Hacer las cosas sin diálogo, sin paritarias y de manera unilateral provoca malestar e incertidumbre. Algo que debería generar satisfacción termina profundizando el conflicto. Necesitamos precisiones y reglas claras», apuntó.
Finalmente, recordó que «hace 13 años que estamos en crisis de recursos humanos profesionales, con una pérdida del poder adquisitivo del 136%. Nuestro salario vale menos y las gestiones que pasaron no lograron revertir la situación. Muchos profesionales están desbordados, condenados al pluriempleo y cobrando una miseria».
Desde Apuap concluyeron que «no se trata solo de una reivindicación económica, sino de una preocupación estructural que pone en jaque al sistema público de salud y a un Estado que no está garantizando los derechos ciudadanos de la población jujeña».