El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica —conocida como Ley Garrahan— y de financiamiento universitario. Ambas normas fueron ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su aplicación quedó en suspenso porque, al igual que con la normativa que declara la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo le solicita al Parlamento que defina de dónde saldrán las partidas para financiar dichos gastos.
Por rotunda mayoría, el Senado volteó los vetos de Javier Milei. Con los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados ahora en el Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796, pero no habilitó las partidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
El 22 de septiembre, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya había señalado, a través del decreto 681/25 que oficializó la ley de discapacidad, que el Congreso «omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional».
Ahora, el Ejecutivo mantiene la misma postura en relación con las normas que autorizan recursos para las universidades y el Garrahan, y sostiene que debería ser el propio Congreso, a través del Presupuesto 2026, quien defina cómo aumentar los recursos.