El avance de las privatizaciones en Jujuy reabre la discusi\u00f3n sobre el rol del Estado empresario.<\/p>\n\n\n\n
La Legislatura de Jujuy sancion\u00f3 en agosto de 2025 la Ley N.\u00ba 6.468, mediante la cual deleg\u00f3 facultades al Poder Ejecutivo provincial para avanzar en la privatizaci\u00f3n total o parcial de diversas sociedades del Estado. La norma habilita al gobierno a vender acciones o desprenderse de participaciones en empresas p\u00fablicas o con participaci\u00f3n estatal, abriendo un proceso que, por su alcance, tiene implicancias econ\u00f3micas, pol\u00edticas e institucionales de largo plazo.<\/p>\n\n\n\n
Entre las sociedades alcanzadas por la ley se encuentran Cannava, el Tren Solar de la Quebrada, la Compa\u00f1\u00eda de Seguros de Jujuy, Agua Potable y GIRSU. Tambi\u00e9n se contempla la posibilidad de vender participaciones en sociedades vinculadas, como Xuma \u2014dedicada al embotellamiento de agua\u2014 y las empresas relacionadas con el complejo fotovoltaico Cauchari, uno de los proyectos de energ\u00eda solar m\u00e1s importantes de Sudam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la norma establece tambi\u00e9n exclusiones significativas. La Empresa Jujuy Energ\u00eda y Miner\u00eda Sociedad del Estado (JEMSE) qued\u00f3 fuera del proceso de privatizaci\u00f3n, y lo mismo ocurri\u00f3 con la SAPEM Jujuy Digital<\/strong>. En sus m\u00e1s de 10 a\u00f1os de creaci\u00f3n, la SAPEM JUJUY DIGITAL, en la conducci\u00f3n de su Presidenta Valeria Mendoza<\/strong>, no ha aportado ning\u00fan beneficio a las empresas privadas que act\u00faan en el terreno de las telecomunicaciones, ocupando el rol de las mismas en obras en la Provincia. En ning\u00fan momento dicha empresa SAPEM JUJUY DIGITAL ha actuado en colaboraci\u00f3n o asistencia rec\u00edproca con los operadores privados, ni tampoco se ha comportado como un proveedor mayorista en el manejo de su relaci\u00f3n con ARSAT.<\/p>\n\n\n\n La pregunta de fondo es simple pero clave para la econom\u00eda local: \u00bfexiste una pol\u00edtica efectiva que priorice o incentive la participaci\u00f3n de proveedores juje\u00f1os en los proyectos vinculados a la miner\u00eda y la energ\u00eda, o el volumen de contratos termina concentr\u00e1ndose fuera de la provincia? Analizar esta din\u00e1mica resulta fundamental para comprender si los grandes proyectos que se desarrollan en Jujuy est\u00e1n logrando generar un verdadero derrame econ\u00f3mico en el tejido empresarial local o si buena parte de ese movimiento econ\u00f3mico termina traslad\u00e1ndose hacia otros mercados.<\/p>\n\n\n\n El argumento oficial para avanzar en este esquema de privatizaciones se inscribe en la necesidad de adaptar el funcionamiento del Estado provincial al nuevo contexto econ\u00f3mico y regulatorio surgido tras el DNU 70\/23 del gobierno nacional, que impulsa una mayor participaci\u00f3n del sector privado en la econom\u00eda y promueve una reducci\u00f3n del Estado empresario.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n coyuntural sobre privatizaciones, el verdadero debate que se abre en Jujuy es m\u00e1s profundo: el modelo econ\u00f3mico que la provincia ha construido durante los \u00faltimos a\u00f1os, caracterizado por una fuerte expansi\u00f3n del Estado como actor empresarial.<\/p>\n\n\n\n Durante la \u00faltima d\u00e9cada, el gobierno provincial impuls\u00f3 la creaci\u00f3n de m\u00faltiples sociedades estatales o con participaci\u00f3n estatal bajo distintos formatos jur\u00eddicos: sociedades del Estado, SAPEM o empresas mixtas. La l\u00f3gica detr\u00e1s de este esquema fue que el Estado deb\u00eda asumir un rol activo en sectores considerados estrat\u00e9gicos para el desarrollo provincial.<\/p>\n\n\n\n En teor\u00eda, ese modelo buscaba dinamizar la econom\u00eda local, generar inversiones y promover nuevas actividades productivas. En la pr\u00e1ctica, sin embargo, el resultado ha sido m\u00e1s discutible.<\/p>\n\n\n\n En una provincia con una econom\u00eda relativamente peque\u00f1a, con un mercado interno limitado y con fuerte dependencia del empleo p\u00fablico, la expansi\u00f3n del Estado empresario plantea interrogantes inevitables. Cada nueva empresa estatal no solo implica mayor estructura administrativa, mayores costos operativos y mayores compromisos financieros, sino que tambi\u00e9n modifica las reglas de juego para el sector privado.<\/p>\n\n\n\n Cuando el Estado pasa de ser regulador a convertirse en competidor directo dentro de un mercado, la relaci\u00f3n con las empresas privadas inevitablemente se vuelve m\u00e1s compleja.<\/p>\n\n\n\n El Estado dispone de herramientas que ning\u00fan actor privado tiene: acceso a financiamiento p\u00fablico, respaldo presupuestario, capacidad de modificar regulaciones y, en algunos casos, acceso preferencial a programas de financiamiento nacional o internacional. Cuando esa misma estructura estatal participa en mercados comerciales, el riesgo de distorsiones competitivas es evidente.<\/p>\n\n\n\n En ese contexto, el caso de la empresa SAPEM Jujuy Digital se vuelve particularmente ilustrativo. Esta empresa, creada hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, a diferencia de otras sociedades estatales, no fue incluida dentro de las facultades de privatizaci\u00f3n previstas en la Ley 6.468.<\/p>\n\n\n\n En primer lugar, el sector de las telecomunicaciones en la provincia ya cuenta con m\u00faltiples operadores privados con capacidad t\u00e9cnica y financiera para desarrollar redes, prestar servicios y realizar inversiones. No se trata de un mercado desierto ni de una actividad donde el Estado deba intervenir por ausencia de actores privados.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar, el contrato social de la empresa no establece con claridad una funci\u00f3n p\u00fablica espec\u00edfica<\/strong> que justifique la presencia del Estado como actor empresarial. No se trata, por ejemplo, de una empresa dise\u00f1ada exclusivamente para llevar conectividad a zonas rurales o de baja rentabilidad donde el sector privado no llega.<\/p>\n\n\n\n Por el contrario, su objeto social habilita al Estado provincial a realizar actividades comerciales dentro del mercado de telecomunicaciones, un sector que en todo el pa\u00eds funciona principalmente bajo l\u00f3gica privada.<\/p>\n\n\n\n Esta situaci\u00f3n ha generado cuestionamientos por parte de algunos actores del sector tecnol\u00f3gico y de telecomunicaciones, que se\u00f1alan que la empresa estatal no ha funcionado como un articulador del sistema ni como un proveedor mayorista que facilite el desarrollo del ecosistema digital provincial.<\/p>\n\n\n\n Por el contrario, en distintos proyectos la empresa estatal habr\u00eda actuado como operador directo, ocupando el lugar que podr\u00edan haber tenido empresas privadas locales.<\/p>\n\n\n\n El punto m\u00e1s sensible aparece cuando se analiza el origen de los recursos utilizados para el desarrollo de infraestructura. Diversos programas de conectividad financiados por organismos nacionales \u2014particularmente a trav\u00e9s del ENACOM\u2014 han otorgado aportes no reintegrables para el despliegue de redes y proyectos digitales.<\/p>\n\n\n\n Cuando una empresa estatal participa de ese esquema y al mismo tiempo compite dentro del mercado comercial, surge inevitablemente la discusi\u00f3n sobre las condiciones de competencia y el impacto que eso puede tener sobre los operadores privados.<\/p>\n\n\n\n A esto se suma otro elemento que suele aparecer en el debate sobre las SAPEM: el marco jur\u00eddico bajo el cual funcionan.<\/p>\n\n\n\n Al tratarse de sociedades an\u00f3nimas con participaci\u00f3n estatal mayoritaria, su funcionamiento se rige principalmente por el derecho privado y por la Ley de Sociedades Comerciales. Esto les otorga mayor flexibilidad administrativa, pero tambi\u00e9n las ubica en una zona gris en materia de controles institucionales.<\/p>\n\n\n\n A diferencia de los organismos tradicionales del Estado, muchas de estas sociedades no est\u00e1n sometidas con la misma intensidad a los controles presupuestarios, administrativos y legislativos que regulan el manejo de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n Esa combinaci\u00f3n \u2014recursos estatales, funcionamiento bajo normas privadas y participaci\u00f3n en mercados comerciales\u2014 suele generar sospechas o cuestionamientos sobre la transparencia en la gesti\u00f3n y sobre la verdadera finalidad de estas estructuras.<\/p>\n\n\n\n El debate sobre el Estado empresario en Jujuy no puede reducirse \u00fanicamente a la discusi\u00f3n sobre privatizaciones.<\/p>\n\n\n\n La pregunta central es otra: si el Estado provincial est\u00e1 utilizando estas sociedades como herramientas para promover el desarrollo econ\u00f3mico o si, por el contrario, ha terminado ampliando su presencia empresarial sin una estrategia clara de resultados.<\/p>\n\n\n\n En una econom\u00eda provincial con fuerte dependencia del empleo p\u00fablico, donde uno de los grandes desaf\u00edos es precisamente fortalecer el sector privado y generar m\u00e1s actividad econ\u00f3mica fuera del Estado, la proliferaci\u00f3n de empresas estatales plantea una paradoja evidente.<\/p>\n\n\n\n Cada nueva empresa p\u00fablica puede significar m\u00e1s estructura estatal, m\u00e1s gasto y m\u00e1s intervenci\u00f3n directa en la econom\u00eda, en lugar de generar condiciones para que el sector privado crezca y genere empleo.<\/p>\n\n\n\n Por eso el debate que hoy se abre con la Ley 6.468 no deber\u00eda limitarse a qu\u00e9 empresas se venden y cu\u00e1les no.<\/p>\n\n\n\n La discusi\u00f3n de fondo es si el modelo de desarrollo de la provincia seguir\u00e1 apoy\u00e1ndose en la expansi\u00f3n del Estado empresario o si, por el contrario, comenzar\u00e1 a transitar hacia un esquema donde el Estado cumpla un rol m\u00e1s claro como regulador, facilitador de inversiones y promotor del crecimiento del sector privado.<\/p>\n\n\n\n En ese debate, el caso de la SAPEM Jujuy Digital se convierte en un ejemplo particularmente significativo. No solo por su actividad en un sector din\u00e1mico como el de las telecomunicaciones, sino porque refleja con claridad las tensiones que genera un modelo donde el Estado decide participar activamente en mercados donde ya existen actores privados capaces de hacerlo. Otro claro ejemplo es JEMSE que opera en un rubro de alta influencia en la econom\u00eda Provincial.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s que casos aislados, la experiencia de estas empresas resumen una discusi\u00f3n mucho m\u00e1s amplia: hasta d\u00f3nde debe llegar el Estado cuando decide transformarse en empresario dentro de su propia econom\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El avance de las privatizaciones en Jujuy reabre la discusi\u00f3n sobre el rol del Estado empresario. 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